El portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha remarcado que el “acuerdo garantiza la estabilidad política de nuestra Región durante los próximos cuatro años. Garantizando también la aprobación de los cuatro presupuestos.” “Afrontamos esta legislatura con la firme voluntad de consolidar el cambio de las medidas emprendidas por la presidenta María Guardiola desde el año 2023. Una política basada en el crecimiento económico y en el fortalecimiento de los servicios públicos.”
Ha insistido en que los extremeños mandaron tres mensajes muy claros en las urnas donde pidieron “que María Guardiola siguiese al frente de la Junta de Extremadura. Entendimiento entre el Partido Popular y Vox – así lo manifestaron el 60% de los votantes- y, también, pidieron claramente desterrar el sanchismo de Extremadura.”
En rueda de prensa el portavoz del Partido Popular de Extremadura ha destacado “el blindaje que ha hecho la presidenta María Guardiola de la igualdad, de la diversidad y de los derechos conquistados por las mujeres y por el colectivo LGTBI.”
Pero además, ha enumerado algunas de políticas de crecimiento que recoge el acuerdo firmado por las dos formaciones la pasada semana. Entre ellas, la continua bajada de impuestos “para que Extremadura sea la región donde menos impuestos se pagan de nuestro país.” Facilitar el acceso a la vivienda, aliviar el gasto de la vuelta al cole, proteger nuestra mayor industria, Almaraz, reducir la burocracia o rechazar el acuerdo de Mercosur.
En definitiva, la protección de nuestro campo, nuestros jóvenes, la familia, la educación, con la subida salarial de los docentes entre otras medidas, y la sanidad, donde se incrementará el gasto en 500 millones de euros anuales.
Sánchez Juliá también ha criticado que ante el crecimiento y la estabilidad “a la izquierda rabiosa, que no suma, que no es alternativa de nada aquí en nuestra región y que ha sido desterrada por los extremeños, esto les parece mal.” Y ha explicado que “este acuerdo no es interpretable. Dice lo que dice.” Ha hecho hincapié en que está “inspirado en el principio de prioridad nacional respetando siempre la legalidad vigente. No hay nada ilegal como están intentando vender. Es un acuerdo que no excluye a nadie. No habla de nacionalidades. Es un acuerdo que prioriza y fomenta el arraigo. Un arraigo duradero y verificable, como ya hacen otras administraciones.”
