La Junta permitió que la directora del EPESEC siguiera ejerciendo su cargo, tras haber sido anulado por un tribunal

  • Inmaculada Bonilla debió haber sido apartada del cargo en enero, pero ha estado firmando resoluciones hasta marzo
  • Entre las resoluciones que llevan su firma está la formalización de los contratos del transporte escolar para los cursos 2018-2019 y 2019-2020
  • El PP alerta del “follón” que se puede montar ahora, con los afectados por resoluciones firmadas por Bonilla

Mérida, 29 de marzo de 2019.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha desvelado en rueda de prensa que el gobierno de Fernández Vara ha permitido, durante un período de dos meses, que la exalcadesa de Táliga, Inmaculada Bonilla, siguiera ejerciendo en el cargo de directora del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos (EPESEC), a pesar de que su nombramiento fue anulado en enero con una sentencia firme.

Según ha detallado Teniente, Bonilla debió haber sido apartada de la dirección del EPESEC inmediatamente después de esa sentencia, sin embargo, ha seguido ejerciendo las funciones para las que fue nombrada de manera irregular y ha estado firmando resoluciones en este período de tiempo, que podrían ser anuladas a instancias de parte.

Entre las resoluciones que ha firmado Bonilla aparece por la que se formalizan los contratos del transporte escolar para los cursos 2018-2019 y 2019-2020, publicada en el DOE el pasado 22 de marzo. Al respecto, la portavoz del GPP ha alertado del posible “follón” que puede derivarse de este asunto y de la inseguridad jurídica que ha provocado esta situación y que podría poner en peligro la prestación del transporte escolar.

“No sé qué tiene que pasar en esta región para que se tomen medidas ante los abusos reiterados y hasta ahora impunes del gobierno de Fernández Vara con los nombramientos de cargos directivos del sector público”, ha valorado y ha exigido saber por qué la Junta ha esperado hasta el pasado 25 de marzo para publicar una resolución delegando las funciones de la hasta ahora directora del EPESEC.

Sobre esto último, también ha criticado el “desparpajo” y la “poca vergüenza” de la Junta, porque en el DOE aparecen “razones de celeridad y de eficacia” como motivos para esta delegación de funciones. “Esto es ya rizar el rizo, no sé ni cómo calificar mentir y engañar a los extremeños, usando el Diario Oficial”, donde, por el contrario, no se ha publicado el cese de Bonilla, “que, según información de dentro, trabajó hasta el viernes 22”, ha puntualizado.

USURPACIÓN DE FUNCIONES

Asimismo, Teniente ha advertido de que podríamos estar ante un caso de “usurpación ilegítima” de funciones públicas, que salpicaría tanto a Bonilla como a quien le ha permitido seguir en el cargo. Se trataría de un delito tipificado en el Código Penal, concretamente en sus artículos 402 y 405, ha detallado la portavoz parlamentaria del PP.

“Estamos ante cosas tremendamente serias”, ha señalado y ha avanzado que el PP está analizando todas las acciones posibles en torno a este asunto, aunque ha señalado que, “simplemente con lo que se ha contado en esta rueda de prensa, la Fiscalía podría actuar”.

Teniente ha recordado que la situación de Inmaculada Bonilla está en el aire desde mayo de 2018, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura emitió una sentencia “demoledora”, dictaminando que el nombramiento de la directora del EPESEC era nulo porque no cumplía las bases de la convocatoria y porque no estaba motivado, faltaba la adecuación profesional y vulneraba la Ley de Función Pública y el Estatuto del Empleado Público.

“La sentencia dice, literal, que la Junta no había hecho ni el más mínimo intento de razonar las puntuaciones, ni con el nombramiento ni después, al responder a la demanda que interpuso una persona afectada por este nombramiento”, ha detallado y ha añadido que, a pesar de la claridad de la sentencia, la Junta optó por recurrirla ante el Tribunal Supremo.

LA FAMILIA SOCIALISTA

Esta sentencia fue recurrida por la Junta ya que “Vara se empeñó en el recurso, porque todo se hace por la familia socialista”, ha comentado, y ha agregado que ese recurso se “interpuso con el dinero de todos los extremeños” y ahora “nos toca a todos pagar las costas” de este “ejercicio de prepotencia” del gobierno socialista.

Según ha recordado, tras esa sentencia, el Partido Popular exigió el cese inmediato de Inmaculada Bonilla, sin embargo, la Junta optó por mantenerla en su puesto, incluso después de que la sentencia fuese firme, desde el pasado mes de enero. “Toda una legislatura insistiendo en esta cuestión y teniendo la ocasión de rectificar han generado este grave problema”, ha abundado.

Cristina Teniente ha encuadrado el nombramiento de la exalcaldesa de Táliga en toda una serie de “chanchullos” que el gobierno de Fernández Vara ha cometido a la hora de “colocar a sus amigos” al frente de las empresas públicas extremeñas, tales como GPEX, Gispesa o Gebidexsa.

Al respecto, ha recordado que, durante casi un año, la Asamblea de Extremadura ha llevado a cabo una comisión de investigación de estas contrataciones que ha revelado “escándalos”, “incumplimientos”, “ausencia de procesos selectivos” e incluso “simulación de procesos selectivos, que se pagaban a empresas, para contratar socialistas amigos”.