El PP se personará como acusación popular en el juicio penal de los cursos de formación para ocupados

  • Revela una sentencia del TSJEX que obliga a la CREEX a devolver más de 300.000 euros que no se destinaron a formación

  • Recuerda que fue el gobierno del PP el que por primera vez en la historia llevó a cabo controles del destino de este dinero público

Mérida, 29 de enero de 2019.- El Partido Popular de Extremadura se personará como acusación popular en el procedimiento penal abierto actualmente en relación con el uso presuntamente fraudulento del dinero destinado a la formación de trabajadores ocupados en la región y en el que están siendo investigadas las centrales sindicales CCOO y UGT, así como la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX).

Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa la portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, María Ángeles Muñoz, quien ha explicado que la decisión del PP de personarse en este juicio penal responde a la intención de tener información puntual y fidedigna del estado de este procedimiento en aras de defender el interés legítimo de los extremeños a conocer el destino de este dinero público.

“Ni la Junta, ni Podemos ni Ciudadanos van a ocuparse de esta defensa de los intereses de los extremeños” en relación con este asunto, ha dicho Muñoz, al tiempo que ha recordado que fue el gobierno del Partido Popular, presidido por José Antonio Monago, el que reveló las posibles irregularidades que se estaban cometiendo en el uso del dinero destinado a la formación de ocupados extremeños, al instaurar “por primera vez” en la historia de la administración regional de los preceptivos controles de las subvenciones públicas.

Según ha recordado, en el año 2015, el gobierno del PP dio traslado a la Fiscalía de los resultados de una auditoría que destapó posibles irregularidades en el uso de las subvenciones destinadas a cursos de formación para ocupados correspondientes a los años 2011 y 2012. Tras analizar la documentación remitida, la Fiscalía determinó que efectivamente las irregularidades detectadas podían ser constitutivas de delito y formuló la correspondiente denuncia ante el juzgado.

A partir de ese momento, se abrieron dos procedimientos paralelos, uno por la vía de lo contencioso administrativo y otro por la vía de lo penal, que es en el que ahora se ha personado el PP extremeño, ha detallado Muñoz y ha revelado, también, algunas novedades relacionadas con el procedimiento de lo contencioso administrativo.

Al respecto, ha dado a conocer una reciente sentencia del TSJEX, del pasado 15 de enero, en la que se condena a la CREEX a devolver una cantidad de 309.810,23 euros en concepto de dinero público que no han podido acreditar que finalmente se destinara a la formación de ocupados. Esta sentencia es muy similar a la que ya emitió este mismo tribunal en 2017, reclamando a CCOO el reintegro de una cantidad de cuyo importe “no tenemos conocimiento”, ha indicado.

“Sentencia a sentencia, el tiempo nos está dando la razón”, ha valorado Muñoz quien ha recordado los “ataques” que recibió el anterior gobierno tras haber dado traslado a la Fiscalía de estos hechos. “El PSOE nos llamaba mentirosos y nos acusaba de cometer fechorías por puro electoralismo”, cuando la realidad es que “el fraude es fraude, antes, durante y después de las elecciones”.

La portavoz de Empleo del GPP ha reconocido que esta investigación impulsada por el PP “no gustó a mucha gente” y, concretamente, se ha referido a declaraciones del portavoz del GPSOE, Valentín García, quien calificó este control del dinero público de “atentando contra la acción sindical y contra el diálogo social” y acusó al PP de poner a funcionar la “máquina de las mentiras”.

“Dijeron que con papeles lo demostrarían y ahora decimos nosotros que con papeles ha quedado demostrado y el tiempo nos está dando la razón”, ha abundado y ha recalcado que es necesario “defender profundamente los intereses de los extremeños frente a quienes creen que estos incumplimientos son diálogo social”.

“Lo que queremos es dignificar el diálogo social, porque quien piensa que el desvío de subvenciones es acción sindical o diálogo social está atentando contra la dignidad de organizaciones que tienen muchos años de existencia y de aquellos que se preocupan de verdad por defender a los trabajadores”, ha concluido.