El PP concluye que Vara y Vergeles son responsables políticos del “caos” del concurso de ambulancias

• También señala la responsabilidad de la secretaria general del SES y de la subdirectora de Atención Primaria

• Exige al PSOE que “pida perdón” a las empresas y trabajadores “humillados”

Mérida, 25 de mayo, 2018.- El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura ha concluido que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, así como el consejero de Sanidad, José María Vergeles, son responsables políticos del “caos” originado por el concurso de ambulancias, adjudicado a la empresa andaluza Tenorio, y cuyas presuntas irregularidades serán trasladados por el GPP a la Fiscalía.

Así lo ha manifestado el portavoz del GPP en la comisión no permanente de investigación sobre el transporte sanitario terrestre en Extremadura, José María Saponi, quien también ha apuntado a las responsabilidades políticas del gerente del Servicio Extremeño de Salud, Ceciliano Franco, la secretaria general del SES, Concepción Torres, y de la subdirectora general de Atención Primaria, Manuela Rubio.

Según ha manifestado el portavoz ‘popular’, estos cargos públicos son responsables políticos de la “falta de transparencia” que ha rodeado a todo el proceso que se ha saldado con la “desaparición de siete empresas extremeñas”, con el despido de más de 100 trabajadores, con la “precarización” de las condiciones de trabajo y con un “caos generalizado” que afectó a los pacientes extremeños.

Saponi ha añadido que la comisión de investigación, además de poner de manifiesto “presuntos delitos” que ahora tendrán que ser esclarecidos por la Fiscalía, ha servido para acreditar la “insuficiencia económica” del contrato del transporte público, que tiene un recorte de tres millones de euros, con respecto al que se firmó hace 10 años, aunque “prometía” más trabajadores y más vehículos. “Nos querían vender el milagro de la multiplicación de los panes y los peces”, pero “lo que se ha conseguido es la pérdida de la calidad en la prestación del servicio”, porque el criterio que se primó para la adjudicación fue “puramente económico”, ha dicho.

“Se podían aplicar fórmulas para cumplir con esa operación salvamento de las empresas extremeñas”, prometida por Fernández Vara en campaña electoral, “pero no ha habido voluntad” de “velar” por el sector del transporte sanitario regional, ha valorado.

El portavoz de Sanidad del GPP, entre otras cuestiones, también ha hecho referencia al presunto “trato de favor” que el gobierno socialista de la Junta ha otorgado a la andaluza ‘Ambulancias Tenorio’, trasladando recursos humanos del SES para inspeccionar los vehículos en otras comunidades autónomas y también por no controlar el estricto cumplimiento de las mejoras por las que esta empresa obtuvo puntos adicionales que fueron determinantes también para la adjudicación.

Para Saponi, en la comisión de investigación ha acreditado que la Junta ha hecho “dejación de funciones” a la hora de vigilar el correcto cumplimiento del pliego de prescripciones técnicas del concurso, así como el propio cumplimiento del contrato “que están pagando todos los extremeños, desde el primer día”.

“Nuestra obligación, por valentía y coherencia, es que aquí la verdad luzca negro sobre blanco”, porque “las escalas de grises no son asumibles en este asunto”, ha señalado y ha lamentado que el PSOE “persista en defender lo indefendible”, sosteniendo un argumento de “boicot” que “no se ha podido demostrar” y en el que los socialistas “se han quedado completamente solos”.

En este sentido, ha exigido al Partido Socialista de Extremadura que “pida perdón” a los trabajadores y a las empresas que han sido “humillados” en este proceso, “con acusaciones que no han podido ser demostradas bajo ningún concepto”, ha concluido. “No podemos entender que la Junta de Extremadura haya pedido a la justicia que multe a los trabajadores que han ido a los tribunales a reclamar los derechos que les han sido pisoteados”, ha añadido.

Finalmente, ha valorado el apoyo de Podemos a las conclusiones del GPP en el marco de esta comisión. “Hemos apoyado sus conclusiones y ellos las nuestras porque por encima de la política están las personas” y “el objetivo es defender los intereses generales de los extremeños”.