El PP advierte de que Extremadura no está en condiciones de iniciar la desescalada educativa que quiere la Junta

  • Rechaza que la Consejería eluda su responsabilidad en la reapertura de los centros y la derive a los directores

  • Plantea la aprobación de un Protocolo Integral de Seguridad, sufragado por la Junta, que ofrezca total garantía a los centros, entre otras medidas

  • Exige el “reconocimiento público” de la labor docente y que se ejecute ya la subida salarial del 2% acordada

Mérida. 13, mayo, 2020.- El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha advertido en la reunión de la Comisión de Estudio del Covid-19 que Extremadura no se encuentra en condiciones de iniciar la desescalada educativa que quiere la Junta, y ha propuesto una serie de medidas para proceder a la misma en condiciones de seguridad para los trabajadores y toda la comunidad educativa. Tras varias horas de intenso debate en la comisión, el GPP ha reiterado su advertencia firme de que sin garantías, no se pueden abrir los centros.

La portavoz de Educación del GPP, Pilar Pérez, ha criticado las instrucciones enviadas desde la Secretaría General de Educación a los directores de los centros. Unas instrucciones que, por un lado, delegan la responsabilidad de la desescalada en los propios directores y que, al mismo tiempo, emplazan a los mismos a acometer la compra obligatoria de material de protección para sus centros, pese a reconocerles explícitamente que el mercado está saturado.

Pérez ha manifestado que la Junta “no puede lavarse las manos” de esta forma y eludir las consecuencias de sus decisiones políticas para acabar trasladándolas directamente en los equipos directivos de los centros, que han trabajado toda la pandemia con una consejera completamente desaparecida y sin una planificación que aportase certezas a la comunidad educativa en una situación extraordinaria. Además, la portavoz ha recordado que los centros aún no han recibido las partidas para hacer frente a los gastos de funcionamiento normales.

“Hay vidas en juego y la Junta no ha podido garantizar la seguridad de alumnos y profesores”, ha aseverado Pérez. En este sentido, la portavoz de Educación del GPP ha subrayado que la Junta está demostrando su incapacidad para liderar la desescalada y abrir las aulas, y menos aún para solicitar que sean más alumnos los que puedan incorporarse en 15 días, ya que cabe recordar que el Gobierno nacional limitó la vuelta a las aulas a los alumnos de Educación Infantil pero el presidente Vara propuso ampliarlo a los alumnos de Educación Primaria.

PROPUESTAS DEL GRUPO POPULAR

El Grupo Popular ha planteado una serie de medidas para garantizar la vuelta del personal docente extremeño a sus centros de trabajo y la posterior reincorporación de los alumnos, estos últimos a partir el mes de septiembre si la pandemia evoluciona positivamente. La primera de las medidas es la aprobación de un Protocolo Integral de Seguridad que otorgue una total garantía para la comunidad educativa en los centros, y cuya responsabilidad recaiga en la Consejería de Educación.

La implantación de este protocolo requiere el paso previo de realizar una dotación de mascarillas, guantes, productos desinfectantes, gel hidroalcohólico y de todos los medios de prevención necesarios para el ejercicio de las funciones docentes en todos los centros públicos y concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Así, Pilar Pérez ha propuesto que sea la Junta quien se haga cargo de la situación, sufragando íntegramente el importe de todos los medios materiales de prevención.

Por otro lado, el GPP ha insistido en que es necesario el reconocimiento público de la labor docente por parte de la Junta, ya que, en estos momentos tan complicados, los profesores han demostrado un compromiso con la sociedad extremeña y con el servicio público educativo que ha ido mucho más allá del deber y, por supuesto, han estado muy por encima de la supuesta tutela que “no ha llegado ni en tiempo ni en forma” por parte de la Consejería de Educación.

La portavoz de Educación del GPP ha planteado que se confíe plenamente en la profesionalidad de los docentes de la región para salvar, sin carácter presencial, las actividades académicas previstas para lo que resta de curso, en caso de no ser posible una total garantía de la seguridad en un hipotético retorno a los centros. Además, ha insistido en que la Consejería no puede demorar “ni un minuto más” la subida salarial del 2% acordada con los sindicatos y aprobada por el Gobierno.

Asimismo, el Grupo Popular ha dejado muy claro que está en contra de todo tipo de recortes en las plantillas de docentes para el próximo curso, ya que no permitirían ni apoyos, ni desdobles, ni mejoras en las condiciones laborales del personal docente de Extremadura.