El PP afirma que la prioridad ahora “no es salvar a los sindicatos mayoritarios” sino salvar el “mayor número de vidas”

Solicita la retirada del proyecto de decreto que regula subvenciones a los sindicatos más representativos y a la patronal hasta que no se supere la crisis del coronavirus

Mérida. 24, marzo, 2020.- El portavoz de Administración Pública del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Juan Luis Rodríguez, ha afirmado que la prioridad “no es salvar a los sindicatos mayoritarios, sino salvar el mayor número de vidas”. Por ello, ha pedido la “retirada urgente”, y hasta que no se supere la crisis del coronavirus, de la resolución sobre el proyecto de decreto que regula las subvenciones de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y que beneficiarían directamente a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Extremadura.

El portavoz de Administración Pública del GPP ha aseverado que se trata de un “escándalo sin precedentes” y que se está demostrando cuáles son las preferencias en la acción de gobierno de la Junta. Para el GPP, la publicación de esta resolución para agilizar la financiación de ciertos sindicatos y de la patronal “ni se entiende, ni procede” y, además, pone de relieve el nivel real de sensibilidad del Ejecutivo de Vara sobre el “único asunto capital”, que es esta pandemia.

Juan Luis Rodríguez ha explicado que en pleno estado de alarma hay quien no tiene reparos en blindar el aumento del 300% de la financiación pública a los sindicatos y pagar “su docilidad”. Asimismo, lamenta que la Junta publique la decisión cuando el Gobierno central baraja medidas como retirar la subida del 2% a los empleados públicos. El GPP ha señalado que en Madrid usan el BOE para priorizar los indultos y aquí el DOE para “indultar económicamente” a los suyos, mientras aumentan los contagios y las víctimas.

Además, el portavoz de Administración Pública ha recordado que el gobierno de Vara aprovecha una situación excepcional para tramitar un decreto contrario a la normativa vigente, ya que se da un plazo de siete días para alegaciones cuando los plazos para cualquier procedimiento administrativo están suspendidos por regla general, salvo que se trate de situaciones vinculadas al estado de alarma. Rodríguez ha recalcado que se somete un proyecto de Decreto a información pública en la sede de la Consejería de Hacienda, en Mérida, cuando las causas justificativas para salida del domicilio durante el estado de alarma no contemplan este supuesto.

Además, esta publicación choca con el deber de confinamiento que se impone para salvaguardar la salud del conjunto extremeño y se pretende utilizar torticeramente un período en el que la Administración debe centrarse en superar la crisis sanitaria. Con todos los registros de la Junta cerrados, se aseguran además de la imposibilidad material de presentar alegaciones por parte de los interesados, y así “regar a los sindicatos, en lugar de canalizar todo ese importe en más material y personal sanitario”.