El PP afirma que la Dependencia en Extremadura está “tocada y hundida” y exige un plan de choque a Vergeles

  • Subraya que la región ha obtenido una nota de 2,9 en el último dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia

  • Recuerda que el gobierno de Monago dejó una calificación de 6,7

  • Los expedientes tardan en resolverse 675 días, el segundo peor dato de España.

Mérida. 06, marzo, 2020.- La portavoz de Dependencia del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Consuelo Rodríguez Píriz, ha afirmado que la Ley de Dependencia está “tocada y hundida” en Extremadura y ha exigido un plan de choque urgente al consejero de Sanidad, José María Vergeles. Asimismo, ha recordado que en la región nunca se había conseguido un aprobado en la materia hasta que llegó el gobierno de Monago.

Rodríguez Píriz ha lamentado que Vergeles no haya querido hablar de la situación de la Dependencia cuando esta semana se conoció el balance del año 2019 que ha realizado el Observatorio Estatal de la Dependencia, y que se incluye en el XX Dictamen de dicho organismo. Extremadura obtiene una nota de 2,9 sobre 10, y la portavoz ‘popular’ ha recordado que el gobierno de Monago la dejó con una calificación de 6,7. En este sentido ha recalcado que “Vergeles ha tenido el honor de bajarla”.

Para el Grupo Popular, resulta grave el retroceso a las calificaciones de los peores años de la crisis cuando se ha vivido una época de crecimiento. Actualmente, ha destacado Rodríguez Píriz, se tarda en Extremadura 675 días para resolver los expedientes de los solicitantes, por lo que estamos ante el segundo peor dato de toda España. Vara y Vergeles recuerdan constantemente los cuatro años de gobierno del PP, pero “son ellos los que suspenden en Dependencia”.

Píriz ha cifrado en 7.206 las personas que aún no han sido valoradas por la Junta, y ha denunciado la opacidad del gobierno de Fernández Vara, que impide conocer exactamente cuántas personas están aún sin cobrar un euro de ayudas a la Dependencia. También ha recalcado que se ha reducido en 952 las personas atendidas con respecto al año 2018, tratándose de la primera involución en la aplicación de la Ley de la Dependencia desde 2011.

EXTREMADURA, EN RETROCESO

La portavoz de Dependencia del GPP ha señalado que hay mucha desigualdad entre comunidades autónomas y que da “grima” comprobar cómo hay regiones catalogadas como de plena atención, otras que progresan positivamente, otras con cierto estancamiento, y algunas hasta en “situación preocupante”. Pero lo peor es que Extremadura no se encuentra entre estas categorías, sino en la última, denominada región “en retroceso”.

Además, ha criticado la postura habitual de Vergeles de quejarse de que Extremadura no recibe dinero de Madrid, pero es que “el resto de comunidades tampoco lo reciben” y se puede comprobar que ha regiones en ámbar y en verde, pero el semáforo rojo lo tiene siempre Extremadura. Se tardan dos años en cobrar, y a esto se suma que las prestaciones económicas vinculadas al servicio ocupan el 44,05% de la cartera de servicios cuando su incidencia a nivel nacional apenas alcanza el 10,7%.

Rodríguez Píriz ha explicado que lo que cobra una persona por las prestaciones económicas vinculada al servicio de atención residencial son aproximadamente 500 euros, cuando una residencia privada cuesta unos 1.500 euros mensuales; como la persona tiene que aportar su pensión -en la región con las pensiones más bajas- acaba aportando el 80% de la misma y sus familiares “tienen que poner el dinero restante”, pero como el SEPAD tarda en pagar dos años esto supone la ruina para muchas familias.