El PP exige responsabilidades a la Junta por los nombramientos ilegales de altos cargos

  • Califica los hechos de “barbaridad jurídica y política”

  • Cuestiona la validez de los acuerdos adoptados por personas nombradas irregularmente

Mérida. 05, septiembre, 2019. El portavoz de Administración Pública del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la Asamblea, Juan Luis Rodríguez Campos, ha pedido responsabilidades por los nombramientos ilegales de altos cargos de la Junta. Así, el GPP ha reiterado que el recurso interpuesto por incumplirse la ley que regula el estatuto del Alto Cargo en Extremadura, pone en evidencia 15 nombramientos por parte del Ejecutivo de Fernández Vara.

“Esperábamos que alguien de la Junta y del PSOE saliera a disculparse y a dar explicaciones”, ha afirmado el portavoz de Administración Pública, que ha calificado el asunto como “grave”, máxime cuando nadie del gobierno regional dijera nada tras publicarse en el Diario Oficial de Extremadura el reconocimiento de que el PP llevaba razón al recurrir, un hecho que fue ocultado de la reseña del propio Consejo de Gobierno.

“No nos ha quedado más remedio que salir a decirles a los extremeños lo que les tenía que haber dicho Vara y su gobierno”, ha aseverado Rodríguez Campos. Asimismo, ha recordado que, ante el mencionado recurso, el PSOE se limitó a defender los nombramientos y dijo “que había que esperar”. Para el GPP, alguien tiene que explicar qué ha pasado y cómo es posible que haya ocurrido esto en nuestra región.

El Grupo Popular ha hecho hincapié en que la Junta tiene que informar de cuáles son las consecuencias jurídicas y políticas que un hecho de esta envergadura puede tener, y ha preguntado qué ocurre con los acuerdos que hayan adoptados estos altos cargos nombrados irregularmente durante los casi dos meses que algunos han estado ejerciendo. “¿Son válidos o no lo son?”, ha cuestionado el portavoz del GPP sobre asuntos que pueden afectar a la vida ordinaria de los extremeños.

Por último, el portavoz del GPP ha insistido en que se ha incumplido la legalidad de forma flagrante y alguien debe marcharse “a su casa” porque “esto es una barbaridad jurídica y política” que como extremeños no tenemos por qué soportar. “Si la ley no funciona, y está claro que la ley no funciona, que no la incumplan, sino que la traigan al parlamento para su modificación”, ha apostillado.