El PP llevará el concurso de ambulancias de Fernández Vara a la Fiscalía

Aprecia indicios de presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y alteración de precios públicos en concursos y subastas

Mérida, 24 de mayo, 2018.- El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura dará traslado a la Fiscalía de las conclusiones derivadas de la comisión de investigación sobre el concurso de las ambulancias, al encontrarse ante “claros” indicios de presuntos delitos, que podrían conllevar la nulidad del mayor contrato de la legislatura, que el gobierno de Fernández Vara adjudicó a la empresa andaluza Ambulancias Tenorio.

Así lo ha anunciado la portavoz del GPP, Cristina Teniente, en una rueda de prensa en la que ha avanzado algunas de esas conclusiones “más relevantes” que serán debatidas mañana por todos los grupos políticos en el seno de la comisión de investigación y que forman parte del documento de casi 60 páginas que los ‘populares’ llevarán a la Fiscalía, acompañado de un anexo de pruebas documentales.

La portavoz del GPP ha especificado que entre los presuntos delitos que se aprecian están los de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y alteración de precios públicos en concursos y subastas, “ampliamente argumentados” en las conclusiones de la comisión de investigación que propuso el PSOE y que “se ha convertido en un torpedo contra Vergeles, porque ha hecho aflorar varias irregularidades que ahora tendrán que investigarse por la justicia para ver si son constitutivas de delito”.

“Cuando hay dudas razonables, nuestra responsabilidad como grupo político implica trasladar esas conclusiones a la Fiscalía”, tal y como se ha hecho en otras ocasiones, como en el caso FEVAL o en el caso de los cursos de formación realizados por UGT, CCOO y la patronal, que sigue en manos de la justicia.

INDICIOS DE PRESUNTOS DELITOS

Tal y como ha explicado, se aprecian indicios de alteración de precios públicos en correos electrónicos que se han aportado a la comisión y que demuestran que desde la consejería de Vergeles se remitió información distinta a los licitadores, “vulnerando el principio de igualdad y libre competencia en un concurso administrativo”.

Según ha concretado, en un correo electrónico con “información necesaria para la configuración de la oferta económica”, relativa al número mínimo de ambulancias de asistencia programada, el gobierno de Fernández Vara le pidió a la empresa andaluza Tenorio 260 ambulancias menos de las que les exigió a las empresas extremeñas. Por tanto, Tenorio “tuvo una información distinta que le permitió hacer una oferta económica más barata”, que al final fue lo que primó para la adjudicación del contrato de 122 millones de euros.

Asimismo, ha explicado que se aprecian otros indicios de presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, entre los que ha destacado el “trato de favor” que recibió la empresa andaluza en cuanto a las inspecciones de vehículos, en las que además “no” se revisó el cumplimiento de las mejoras por las que Tenorio recibió puntos adicionales, mejoras que “a día de hoy siguen sin cumplirse”, ha señalado.

Teniente también ha hecho referencia también a la emisión, por parte de la consejería de Vergeles, de una serie de certificados técnicos de “vehículos aptos” para ambulancias que “no” fueron inspeccionadas. Dichos certificados tenían un carácter provisional, sin embargo, “aunque llevan 120 días caducados”, las ambulancias siguen circulando, ha comentado.

Igualmente, ha recordado que la empresa Ambulancias Tenorio está siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por un presunto “trato de favor” en la contratación del servicio de transporte sanitario de la provincia de Sevilla, apreciándose en este caso indicios de presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad, tráfico de influencias y alteración de precios públicos. “Allí en Andalucía también se habló de una guerra entre empresas, pero el asunto está en los tribunales”, ha reflexionado.

“CAOS” ACREDITADO

Además de esta novedad de la existencia de presuntos delitos, la portavoz del GPP se ha referido a otras cuestiones que, a su parecer, han quedado acreditadas en la comisión de investigación del transporte sanitario terrestre, entre las que ha destacado el “caos” que han padecido los pacientes y también los trabajadores, a quienes “Vara y Vergeles les prometieron que no serían despedidos y que mantendrían sus condiciones laborales”.

“Queda acreditado que la ‘Operación Salvamento de las empresas extremeñas’ se saldó con el hundimiento de siete empresas de la región”, y también quedan “acreditadas” otras cuestiones que el GPP “ha denunciado durante meses”, como las “esperas interminables”, “ambulancias que no llegaban”, “citas que se perdían”, “teléfonos colapsados”, entre otras.

Para Teniente, ha quedado probado también en esta comisión de investigación “el incumplimiento de los pliegos de condiciones técnicas y también del contrato”, así como la “precarización del empleo”, “horarios imposibles” para los trabajadores y los “más de 100 despidos”, muchos de los cuales ya tienen sentencias por despidos improcedentes, cercanas a un millón de euros.

“Se está demostrando, a través de la justicia, el pisoteo de los derechos de los trabajadores”, quienes “se preguntan y nos preguntan dónde están las centrales sindicales para defenderles”, ha añadido y ha concluido que “la tiranía que nos gobierna está obteniendo respuesta por parte de los tribunales”.

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