El PP exige que se revisen nombramientos de directivos de la Junta, tras la sentencia que anula el de la directora del EPESEC

  • La Justicia determina que el nombramiento de la exalcaldesa de Táliga “no está motivado”

  • Los populares encuadran la sentencia en la “serie de escándalos de enchufismo” del gobierno de Vara

Mérida, 23 de mayo de 2018.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha exigido a la Junta la revisión de todos los procesos selectivos llevados a cabo para los nombramientos de directivos de entes públicos, tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, a través de la que se declara nulo el nombramiento de la exalcaldesa socialista de Táliga, Inmaculada Bonilla, como directora del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (EPESEC).

“Vamos a pedir explicaciones y la revisión pública de estos procesos selectivos”, ha avanzado Teniente, para quien esta sentencia del máximo órgano del Poder Judicial en Extremadura ratifica lo que el PP “ha venido denunciando continuamente a lo largo de la legislatura”, en referencia a la promesa “incumplida” de Fernández Vara de “profesionalizar la función pública”, que en la “realidad” se ha traducido en la “profesionalización de la Junta como agencia de colocación de socialistas” y pone en cuestión otros nombramientos de cargos directivos que “siguen ahí”.

Según ha detallado la portavoz del GPP, la sentencia del TSJEx, dictada el pasado 17 de mayo por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Cáceres, contra el acuerdo del Consejo de Gobierno, de 11 de julio de 2017, por el que se nombraba directora del EPESEC a la exalcadesa socialista revela que la Junta “no cumplió las bases de la convocatoria” para la provisión de este puesto de alta dirección profesional “ni motivó la valoración de los apartados de su experiencia profesional, su proyecto de dirección y su entrevista”.

Esta sentencia que “abochorna”, ha dicho, señala que la Junta “no acredita la experiencia profesional” de Bonilla, a quien se le valoran como “méritos” para un puesto “con carácter técnico” aquellas funciones que desempeñó como alcaldesa, diputada provincial y como trabajadora eventual en la Diputación Provincial de Badajoz, algo que “está expresamente prohibido por la Ley de Función Pública y en el Estatuto Básico de los Empleados Públicos”, ha explicado.

Además, ha concretado que la sentencia detalla que las puntuaciones obtenidas por la exalcaldesa socialista en la entrevista y en el proyecto de dirección “están inmotivadas”. “Se tenía que haber motivado, indicando con detalle y precisión, por qué obtuvo los puntos que obtuvo en todos esos apartados”, ha incidido y ha dicho que las propias bases de la convocatoria establecían que una vez finalizado el proceso de selección, los fundamentos de la propuesta “debían quedar acreditados en el expediente” y esto “no se hace”.

“El tribunal superior extremeño es rotundo”, ha resaltado Teniente, quien ha subrayado que en la sentencia, el TSJEx reconoce que “no existe el mínimo intento de razonar el otorgamiento de las puntuaciones” de la exalcaldesa, “ni cuando tuvo que hacerse, es decir, antes del nombramiento, ni para responder a la demanda”. A su parecer, esto significa la Junta lo ha hecho “porque sí”, “porque somos socialistas y porque utilizamos las instituciones como un cortijo”, ha criticado.

NOMBRAMIENTOS CUESTIONADOS

Al hilo de esta decisión del TSJEx, la portavoz del GPP se ha referido a una serie de nombramientos de cargos directivos de la Junta de Extremadura cuyos procedimientos de selección “se desconocen”. En este sentido, se ha referido a los nombramientos del exalcalde socialista de La Coronada como director de GPEX, al del exalcalde socialista de Mirandilla como director de Gespesa y al caso de la exconsejera de Ibarra, nombrada directora del INCOEX, después de que la Junta “modificara los estatutos de este organismo público, que establecían que el puesto de director debería estar ocupado por un funcionario, concretamente, por un jefe de servicio”.

Junto a estos casos, Teniente ha recordado también el “triste episodio” del nombramiento de la directora de la CEXMA “que nunca llegó a aclarase”, así como a la elección del exalcalde socialista de Salvaleón como director de Gebidexsa, cargo del que dimitió por la “presión del GPP”, al tratarse de una persona condenada por un delito de falsedad en documento público.

Asimismo, se ha referido a la quiebra de la empresa pública de gestión del infraestructuras, suelo y vivienda por casos de enchufismo, “donde también aparece relacionado el nombre de la exalcadesa de Táliga”, afectada por la sentencia del TSJEx, entre los “agraciados de la lotería de Gisvesa”.

“Todo esto apunta que el PSOE y Fernández Vara consideran que las instituciones públicas son una extensión del partido socialista”, ha lamentado y ha recalcado que “Extremadura es mucho más que Fernández Vara y que el Partido Socialista”. “Ni la web institucional de la Junta de Extremadura es el contenedor de propaganda socialista, ni la sala de prensa institucional de la Junta es el plató del secretario general del PSOE, ni el acto de entrega de medallas por el día de Extremadura es un mitin socialista, donde se pone en el lugar del rey al señor Pedro Sánchez, que no tiene representación institucional”, ha señalado.

PRESUNTO CASO DE MALOS TRATOS

Por otro lado, al margen de este asunto, la portavoz del GPP también ha hecho referencia al presunto caso de malos tratos de una niña con autismo en un colegio público de Cáceres, y sobre este asunto ha criticado la reacción de la Consejería de Extremadura por “inaceptable”.

“Nos parece inaceptable que una madre que está ante estas circunstancias salga de una reunión con la consejera y diga que salió peor de lo que entró, porque no ha obtenido respuestas y porque ha recibido un trato frío y distante”, ha comentado y ha añadido que la Junta debe explicar si es cierto que recibió hasta 11 escritos de esta madre. “Si esto es así, estamos ante una falta de responsabilidad y de sensibilidad claras ante un caso gravísimo”.

“La consejería ha obligado a una madre a emplear técnicas de detective privado ante la falta de respuestas de la administración”, ha lamentado y ha pedido, “sin perjuicio para la presunción de inocencia”, “respuestas” y “contundencia”, porque la “inacción” de la Junta “perjudica la buena imagen del conjunto del sistema educativo extremeño”.

By | 2018-05-23T16:12:00+00:00 mayo 23rd, 2018|Tags: , , |0 Comments

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