El PP revela que la Junta inyectó casi 500.000 euros en Gisvesa justo antes de que finalizara 2017

El portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha revelado que la Junta inyectó un total de 494.000 euros en Gisvesa, por la vía de una modificación de crédito, justo antes de que acabara el año 2017, concretamente el 27 de diciembre del año anterior, para financiar el déficit de explotación de la citada empresa pública.

Sánchez Juliá, criticó, además, que esta modificación de crédito, firmada por la vicepresidenta de la Junta, se llevase a cabo dos días antes de que el Grupo Socialista registrara una enmienda por valor de 1,6 millones de euros para rescatar esta empresa pública que ha quedado convertida en una “agencia de colocación” de cargos, excargos y “amigos” del PSOE.

Así lo ha asegurado el portavoz de Vivienda del GPP, durante la pregunta parlamentaria que ha formulado hoy al consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, interesándose por los motivos por los que se han incrementado las contrataciones en Gisvesa en un 111%, a pesar de que la actividad relacionada con el objeto social de la empresa es “nulo”.

Según ha reconocido el propio gerente de Gisvesa, la empresa está inmersa en un proceso de disolución y extinción, ha dicho Sánchez Juliá, quien ha recordado, además, que el gerente también ha informado de que las tensiones de tesorería están propiciadas por el aumento en las contrataciones, a pesar de la disminución de las encomiendas de gestión.

“Gisvesa no tiene solvencia y aun así han incrementado los gastos de personal”, ha reflexionado el portavoz ‘popular’, quien ha subrayado que “uno de cada dos contratados en Gisvesa” está vinculado al PSOE. “En solo dos años de gobierno de Fernández Vara se han desviado más de 800.000 euros al gasto previsto en personal” para esta empresa, ha puntualizado.

Sánchez Juliá ha comentado que los casi 500.000 euros que la Junta ha otorgado a Gisvesa “por la puerta de atrás”, sumados a la enmienda del PSOE, supone que los socialistas “querían inyectar dos millones de euros en una empresa quebrada”, en la región con más paro de toda España.

Los socialistas “querían dos millones de euros para destinarlos a contratar a los compañeros de partido”, mientras Gisvesa tiene pérdidas del 330% y no ha realizado “ni una sola operación de compra-venta” en lo que va de legislatura. “No ha vendido ni una escoba”, ha ironizado.

En esta línea, ha afirmado que Vergeles “ha firmado el acta de defunción” de Gisvesa por reducirla a una “agencia de colocación socialista”, con unos procesos de contratación “muy oscuros”, y ha indicado que todo este “desastre” explica “claramente” porqué la Junta “lleva dos años escondida tras su telón de acero”.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Sobre la comisión de investigación del sector público empresarial de Extremadura, propuesta por el GPP y que ha sido aprobada en el pleno de hoy, Sánchez Juliá ha afirmado que se trata de una propuesta para “poner luz” ante la “penumbra” y la “oscuridad” con la que actúa el gobierno socialista de Fernández Vara.

Tal y como ha recordado en su intervención en defensa de esta propuesta, la comisión de investigación deriva del “escándalo” de Gisvesa, empresa en la que de las 41 contrataciones vía encomiendas de gestión entre 2016 y 2017, la mitad corresponden a “exdiputados, concejales, candidatos y todo un rosario de compañeros y amigos del PSOE”.

Tras destapar esta información que el PP había requerido a la Junta por la vía parlamentaria hasta en seis ocasiones, la intención de los ‘populares’ es conocer si esta situación se extiende a todas las empresas públicas extremeñas, por lo que piden investigar las contrataciones realizadas en éstas a lo largo de la última década.

Durante su intervención, se ha referido a las bases de las dos últimas ofertas de trabajo publicadas en Gisvesa y correspondientes al Observatorio de la Vivienda y al Programa de Intermediación bancaria. “En ambas, la solicitud se limita a describir los puestos necesarios”, pero “ni hay exigencia de titulaciones, ni necesidad de acreditar experiencia, ni indicación del proceso de selección, ni puntuaciones del concurso de méritos, ni puntuación máxima en una posible entrevista personal”, ha detallado.

“No aparece nada que delimite las reglas del juego, ni un solo criterio objetivo” para la selección de personal, ha insistido. Además, ha indicado que en el caso del Programa de Intermediación Bancaria se ofertaron un total de ocho puestos de trabajo, sin embargo, a 31 de diciembre de 2017, el número de contratados ascendía a los 19. “De dónde salen los otros once”, ha preguntado.

“Niegan información a los diputados”, “uno de cada dos contratados es o ha sido cargo del PSOE”, “hay más contrataciones que las expuestas en el perfil”, “se adjudican contratos el mismo día en que se ha cerrado el plazo o cuando ya están contratados los afectados”, ha añadido y ha preguntado si “normal” o es “correcto” que la Junta ya adjudicado dos contratos de 20.000 euros cada uno a una empresa de selección. Según ha precisado, uno de esos contratos se realizó el mismo día en que acababa el plazo para el envío de currículos de los aspirantes y el otro, dos días después de que los trabajadores estuvieran dados de alta. “Esto no huele nada bien”, ha concluido.

By | 2018-01-25T17:46:57+00:00 enero 25th, 2018|Tags: , , , , |0 Comments

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